La Junta reducirá a tres meses la emisión de informes para aprobar planes urbanísticos

Los ayuntamientos andaluces recorrerán un camino mucho más llano a la hora de tramitar las modificaciones de sus respectivos planes urbanísticos. El Gobierno autonómico pretende que los informes sectoriales necesarios para alumbrar dichos planeamientos estén sobre la mesa en un plazo no superior a 90 días, según anunció ayer en Marbella la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano.

La mandataria, que clausuró las jornadas organizadas por la cátedra Rafael Escuredo sobre la Costa del Sol y el modelo territorial, avanzó algunos detalles del espíritu del nuevo decreto sobre competencias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo anunciado en la víspera por la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, durante la apertura del foro.

Serrano afirmó que una de las principales novedades del decreto será la creación de las comisiones provinciales de coordinación urbanística, cuyo cometido será «integrar y armonizar la emisión de los informes preceptivos». La consejera adelantó que en estos órganos tendrán cabida, además del consistorio interesado y la propia Junta, el Estado y las diputaciones provinciales.

Sostuvo, asimismo, que se trata de un proyecto de simplificación administrativa puesto al servicio de los ayuntamientos andaluces, que verán reducidos sensiblemente los plazos que en la actualidad pueden llegar a situarse entorno al año. «El compromiso es que en tres meses la comisión remita al ayuntamiento todos los informes que cuenten con un pronunciamiento expreso y la ratificación en un mes de los informes vinculantes», explicó.

La consejera concretó que el Consejo de Gobierno andaluz dará luz verde al proyecto de decreto en las próximas semanas después de que haya sido informado favorablemente por el Consejo Consultivo.

En este sentido, subrayó que Andalucía esta en disposición de «impulsar la generación de empleo desde las políticas urbanísticas» y dar respuesta así a los 600.000 desempleados andaluces que han perdido su trabajo en el sector. Eso sí, tal y como hizo Susana Díaz en la jornada anterior, la consejera enfatizó que «la Junta no permitirá la vuelta a modelos pasados plagados de errores y marcados por la sospecha de la especulación», sino que sólo se mostrará «complaciente» con aquellas iniciativas que se hagan en aras de un desarrollo territorial equilibrado.

Rehabilitación de edificios

De hecho, el plan de la Junta de Andalucía para incentivar el sector de la construcción de manera sostenible toma forma a contrarreloj. Tal es el ritmo que la presidenta del Gobierno andaluz está imprimiendo a uno de sus principales proyectos para reducir el paro en la Comunidad, y que contará con fondos europeos, según pudo confirmar este periódico de fuentes autonómicas. La mesa consultiva arrancará la ronda de reuniones para perfilar las claves del proyecto ya a principios de febrero, y en la misma estarán representados los promotores, los contratistas, la Banca y los agentes sociales, pero también colectivos empresariales vinculados a las energías renovables y las telecomunicaciones, dado que se quiere dar un carácter eficiente a las inversiones. Completarán el foro expertos de las universidades, analistas financieros y consumidores.

La Agencia Andaluza de la Energía, que dirige el malagueño Luciano González (dependiente de la Consejería de Economía), se perfila como el organismo encargado de coordinar la mesa y dar forma al proyecto, en colaboración con las de Medio Ambiente y Vivienda. El Grupo Socialista ha hecho recientemente una pregunta al Ejecutivo en este sentido.

Entre los ámbitos de actuación que inicialmente han trascendido destaca la rehabilitación de edificios a gran escala, especialmente aquellos en los que habiten familias con rentas bajas; y el impulso a mejoras para la eficiencia energética y el ahorro de las viviendas, aunque tampoco perderá de vista la posibilidad de incentivar proyectos de obra nueva, con criterios de sostenibilidad, de turismo residencial y en el medio rural, entre otros. Todo ello, con la consigna de que no se puede volver a caer en la burbuja inmobiliaria.